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Requisitos para casarse por el civil Se habla del reconocimiento de un derecho, pero hay que recordar que como todo ciudadano, también se tienen deberes y responsabilidades. Katherine Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Deja tu comentario. Mi organizador de boda. Organiza tu boda desde el celular. Secciones Antes de la boda.
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Actualidad
En Colombia existe una figura que sirve de mediadora para contraer matrimonio Les compartimos tres puntos claves concernientes al matrimonio civil sobre la Las autoridades deben, en principio, evitar emplear esas clasificaciones. Por esta razón, si una diferencia de trato se funda en una categoría potencialmente discriminatoria, tienen que concurrir claras razones que expliquen su empleo Existen pocas razones que justifiquen un trato diferente a las personas homosexuales basado en su orientación sexual y, en el caso que haya, estas deben demostrarse.
Se habla, por eso, de una discriminación negativa y una discriminación positiva El trato diferenciado a personas homosexuales, basado en su orientación sexual, constituye una discriminación negativa, que para el ordenamiento jurídico colombiano, bajo ninguna circunstancia, resulta aceptable. La Corte ha establecido que el trato diferenciado basado en la orientación sexual de las personas constituye una categoría sospechosa Sin embargo, es importante aclarar al respecto que no siempre la Corte reconoció la orientación sexual como una categoría sospechosa.
En un primer momento utilizó la categoría sospechosa de sexo como criterio para examinar el trato diferenciado a personas homosexuales Fue después, mediante la sentencia C de , que la Corte abrió el camino para considerar la orientación sexual como categoría sospechosa de trato diferenciado a personas homosexuales, al establecer que toda diferencia de trato fundada en la diversa orientación sexual era equivalente a una posible discriminación por razón de sexo.
Respecto de los actos de discriminación basados en la categoría sospechosa de la orientación sexual, las normas inciso 2, art. La discriminación por razones de la orientación sexual implica una infracción a las normas penales, lo que conlleva una garantía efectiva de los preceptos constitucionales. Por eso, en el el Gobierno Nacional sancionó la Ley que modificó el Código Penal colombiano, y agregó, entre otros, los artículos A 43 y B De acuerdo con Carlos Bernal Pulido, la indeterminación del principio de igualdad en el texto constitucional implica la interpretación de la Corte Constitucional para determinar el contenido del artículo 13, siempre que deba enjuiciar la constitucionalidad de las leyes o de los actos administrativos y de particulares La Corte Constitucional ha establecido y aplicado diversos criterios para determinar el contenido del principio de igualdad frente a las leyes que son demandadas por inconstitucionalidad, o bien, frente a los actos administrativos o de los particulares, cuando se solicita el amparo constitucional de los derechos fundamentales.
Estos criterios reciben el nombre de test y son tres. En el juicio integrado de proporcionalidad se intentan introducir los grados de intensidad del test de igualdad norteamericano en el test de índole europea -estructurado alrededor del principio de proporcionalidad- de manera que se aplica una escala diferente de intensidades dentro del principio de proporcionalidad 51 , permitiendo establecer no solo que el trato diferente es necesario e indispensable para alcanzar el fin propuesto, sino que es idóneo y adecuado, por tanto, no hay alternativa posible que represente mayor beneficio frente al sacrificio de derechos.
La Corte Constitucional ha ido aplicando de manera progresiva los distintos esquemas de juicios de igualdad a lo largo del tiempo. La Corte ha enumerado los casos en que se hace exigible la aplicación del escrutinio de igualdad estricto para determinar la constitucionalidad de una disposición legal:. De otro lado, cuando el Congreso utiliza como elemento de diferenciación un criterio prohibido o sospechoso, como la raza, pues la Constitución y los tratados de derechos humanos excluyen el uso de esas categorías CP art. En tercer término, cuando la Carta señala mandatos específicos de igualdad, como sucede con la equiparación entre todas las confesiones religiosas CP art, 19 , pues en esos eventos, la libertad de configuración del Legislador se ve menguada.
Y, finalmente, cuando la regulación afecta a poblaciones que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta ya que estas ameritan una especial protección del Estado CP art. En la experiencia de la Corte, concretamente el trato diferenciado basado en la orientación sexual de las personas debe estudiarse bajo el escrutinio de igualdad estricto, en razón a que la orientación sexual constituye una categoría sospechosa prohibida por la Constitución Dice expresamente la Corte:. En la sentencia de unificación de , la Corte Constitucional dijo aplicar el juicio integrado de proporcionalidad.
Así, para determinar el posible trato diferente basado en la categoría sospechosa de la orientación sexual muy seguramente aplicó el mismo escrutinio de igualdad estricto que aplicó en la sentencia C de , y para determinar si el trato diferente entre parejas heterosexuales y las del mismo sexo perseguía una finalidad constitucionalmente admisible, sin duda aplicó el test de proporcionalidad. Luigi Ferrajoli, autor italiano, figura representativa del garantismo jurídico, afirma que en la lógica del diseño estructural de las constituciones rígidas es inevitable la aparición de antinomias y de lagunas normativas.
En ambos casos se concreta una violación, bien sea por acción o por omisión, del contenido de la norma constitucional. La Corte ha definido este principio de libre configuración legislativa de la siguiente manera:. Ahora bien, si el legislador tiene mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores; y por ende la intensidad de su control se ve limitada Como lo explica Ferrajoli, pueden presentarse lagunas normativas en el ordenamiento jurídico que se constatan por la falta de garantías correlativas a un derecho.
En ese caso, corresponde al legislativo eliminar el déficit señalado Si es en cumplimiento del mandato de defensa de la integridad y supremacía de la Constitución Política, se diría que sí Con certeza, pocas veces se encuentran razones jurídicamente atendibles para justificar un trato diferenciado, por lo que el juez constitucional queda facultado para remover del ordenamiento jurídico las regulaciones que estén limitando al grupo el goce pleno de sus derechos y restablecer con esa medida el orden constitucional Por un lado, existen derechos que para poder realizarse imponen al Estado una obligación negativa 61 , esto es, un deber de abstención o de no intervención, estos son los derechos característicamente negativos Por otro lado, hay derechos que suponen prestaciones e imponen al Estado una obligación positiva 63 o deber de actuación.
Si frente a la violación del deber de no intromisión del legislador se estatuye una garantía de tipo jurisdiccional que faculta al tribunal constitucional a ejercer un control abstracto acerca del contenido normativo y eliminar la ley contraria a la Constitución, no pasa lo mismo respecto de los casos de violación por omisión, pues no existe ninguna garantía de tipo jurisdiccional que autorice al tribunal constitucional hacer un control abstracto de constitucionalidad respecto del comportamiento negativo del legislador y que ponga fin a los efectos de la inacción del legislador.
La Corte Constitucional ha aplicado el control a omisiones relativas del legislativo, mas no a omisiones absolutas. Ciertamente existen algunas diferencias entre omisiones absolutas y omisiones relativas, de las que nos ha ilustrado Rodrigo Pazos Guerrero Del control de omisiones absolutas del legislativo no vamos a pronunciarnos, ya que plantea otro problema, así que enfocaremos nuestro interés en analizar el control judicial constitucional pertinente a las omisiones relativas del legislador.
Pazos ha mostrado las ventajas de la aplicación de este tipo de control La Corte advirtió, por primera vez, en la sentencia C de , la necesidad de hacer una intervención forzosa, para corregir el trato discriminatorio que afectaba a las parejas homosexuales y restablecer la igualdad de derechos entre parejas homosexuales y heterosexuales en relación con el acceso al régimen legal de protección patrimonial de las uniones maritales de hecho Sin embargo, fue en pronunciamientos anteriores que la Corte Constitucional estableció los requisitos de procedibilidad de las acciones constitucionales por omisiones legislativas, permitiendo extender, de manera progresiva, los derechos de las parejas heterosexuales a las parejas homosexuales La Procuraduría General de la Nación, mediante incidente de nulidad, atacó este pronunciamiento, señalando que la Corte había incurrido en una violación directa de la Constitución Política y al debido proceso Posteriormente, la Corte Constitucional, en sentencia SU de , afirmando su autonomía en el ejercicio de la función judicial, advirtió que:.
Hay que advertir que la falta de regulación, protección y garantía a los derechos de un grupo social, así sea por omisión, convierte al ordenamiento jurídico colombiano en perpetuador de la discriminación y la desigualdad social y política Por un lado, puede acusarse a la Corte de extralimitar sus funciones legales y constitucionales, pero por otro, un argumento a favor de la Corte es que su intervención sirvió para corregir una situación inconstitucional que colocaba a las parejas del mismo sexo en desventaja frente a las parejas de distinto sexo en el goce efectivo de sus derechos.
Exhorto que nunca llegó a su cometido.
Así que, para afrontar esta situación inconstitucional, la intervención de la Corte se debe considerar proporcionada para poner fin a las barreras jurídicas que impedían a las parejas del mismo sexo gozar de sus derechos constitucionales, concretamente, de los derechos a contraer matrimonio y a formar una familia. Ciertamente la Corte Constitucional en la sentencia SU de y en la C de no aplicó con rigurosidad el test de igualdad de conformidad con los derechos constitucionales afectados por el trato diferenciado, de modo que resultara un juicio de proporcionalidad en sus distintas etapas -adecuación, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto- sobre el trato diferenciado.
Por ello tampoco hay que calificar su decisión como no ajustada a derecho, incluso en contra del derecho. La posición garantista de la Corte a favor de los derechos constitucionales de las parejas del mismo sexo parte de la base misma de los principios de la democracia sustancial, que rescatan la dimensión jurídica de la democracia, y cuestionan el poder de las mayorías sobre las decisiones que conciernen a una minoría Así, el papel que pueden llegar a desempeñar los tribunales constitucionales tendiente al control de las omisiones legislativas y al restablecimiento de derechos, sobre todo de las minorías, resulta fundamental para garantizar el sostenimiento de una democracia.
En esa sentencia, la Corte Constitucional resolvía la demanda de inconstitucionalidad que pretendía la declaración de constitucionalidad condicionada de la norma que regulaba la institución del matrimonio, consagrada en el artículo del Código Civil. La Corte declaró exequible dicha norma, salvaguardando la institución del matrimonio entre heterosexuales de modo compatible con el artículo 42 de la Constitución Política.
El amparo que en anteriores ocasiones la Corte ha prohijado a los derechos de las personas homosexuales en su dimensión individual, basado en el derecho a la igualdad, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, ahora se extiende a derechos, como a conformar una familia y a contraer matrimonio. La declaración del derecho constitucional de las parejas del mismo sexo a unirse para constituir un vínculo marital en Colombia conduce no solamente a la celebración del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, entre otros resultados, también a la constitución formal de una familia; el surgimiento de los deberes de fidelidad y mutuo socorro; la modificación del estado civil de los contratantes; el surgimiento de la sociedad conyugal; el ingreso de los contratantes en el respectivo orden sucesoral; la posibilidad de suscripción de capitulaciones; la claridad en las causales de terminación del vínculo entre los contratantes; llegar a establecer su residencia en otros países, e invocar ciertos beneficios en materia tributaria por tener cónyuge o compañero permanente.
La intervención judicial procede por vía de control constitucional abstracto de la ley. Queda demostrada la hipótesis respecto de la competencia del tribunal constitucional para intervenir en caso de omisión relativa del órgano legislativo y poner fin a un déficit de protección jurídica manifiesto. Barzotto, L. Bernal, C. Estrada, S.
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Ferrajoli, L. García, L. Morales, A. Pazos, R. Peña, R. Quinche, M.
El matrimonio de parejas del mismo sexo y la Corte Constitucional de Colombia
Zagrebelsky, G. Ley, derechos, justicia , Editorial Trotta, Madrid , Eduardo Cifuentes Muñoz. Vladimiro Naranjo Mesa. Alejandro Martínez Caballero. Carlos Gaviria Díaz.